Aspectos legales del ADN en las investigaciones criminales
ADN: estructura y función
El
ADN, abreviatura de ácido desoxirribonucleico, es una molécula que encierra el
código genético de cada organismo. Así como un arquitecto realiza en los planos la distribución e instrucciones de cómo
será realizada una obra, el ADN contiene las instrucciones esenciales para la
construcción de las células y regulación de sus funciones.
El
reconocimiento de rastros biológicos mediante el análisis comparativo de ADN se
ha integrado gradualmente en la moderna ciencia forense, hasta transformarse en
una herramienta necesaria tanto para la investigación de hechos delictivos como
para la identificación de personas.
En la modernidad, es indiscutible el
progreso que ha conllevado la ciencia forense a las técnicas de identificación
mediante perfiles de ADN, y el incremento que ha tenido esta investigación con
la creación de las bases comparativas de datos de ADN. Lo que se define como
Genética Forense, consiste en el análisis genético de la diversidad humana, que
ha señalado un antes y un después en la resolución de ciertos problemas
judiciales, en la investigación de asesinatos y violaciones.
Cabalmente
esta ha servido, para recapacitar sobre los malentendidos y los problemas que
plantea la prueba científica, a los cual puede ser útil tomar como referencia
una de las pruebas científicas que más fiabilidad y prestigio han alcanzado: la
prueba de polimorfismos ADN.
Es
el juez quien, en virtud del principio de libre valoración de la prueba, tiene
la labor de ser un juzgador razonable. Es él, en definitiva, quien tiene la
posibilidad y la responsabilidad de otorgar un mayor o menor valor a la prueba
dependiendo de su calidad.
La prueba de ADN en el Proceso Penal
La
investigación criminal a través de la utilización de ADN forense no puede, en
sí misma, probar la culpabilidad o inocencia de un sospechoso, pero sí puede
fijar un vínculo entre la persona y el lugar de los hechos o un delito
particular. La identificación humana por medio del ADN forense es admitida por
procesos judiciales en todo el mundo y, además, con el uso de esta técnica es
posible la identificación de personas muertas, muchos años antes, utilizando
ADN obtenido de sus huesos y dientes.
Es
competencia de los peritos exhibir el producto por medio del cual pueda ser correctamente
interpretado por el juez, y es responsabilidad del juez interpretar esos
resultados correctamente y atribuirles un determinado peso en la formación de
convicción sobre el hecho principal; y para ello ha de tener en cuenta:
a)
El mérito estadístico de la prueba;
b)
La presencia de otras pruebas o indicios;
c)
El nexo de la prueba con el hecho principal que se pretende probar.
El
perito tiene la obligación al respecto: informar al juez, en los vocablos más
precisos, diáfanos y factibles, el margen de inseguridad del criterio que
emite. Pero es al juez a quien corresponde cotejar la validez de las pruebas e
imputarle un valor en la decisión que debe adoptar. Una cierta formación del
juez en esta materia parece, pues, necesaria. El Juez, por su parte, se
alimenta en herramientas jurídicas, que obedecerán al denominado sistema de valoración de las pruebas, regulado
en la ley procesal; así, nuestro código procesal penal, contempla el sistema llamado de la "sana crítica", para
ser aplicado en la consideración de las pruebas penales por el Juez. El Juez está
circunscrito por una evidencia simulada y que debe deducir de las pruebas, en todo
caso, aportadas por sujetos procesales que no son imparciales; que certidumbre
de objetividad se puede tener en un medio de una larga y basta tradición de
corrupción y manipulación de pruebas.
Es
allí, donde el Juez va a fijar principios de sensatez, experiencia, sentido común
y porque no decirlo, de sabiduría, surgiendo la interrogante ¿Estarán todos los
jueces preparados para aplicar debidamente la sana crítica? Personalmente no
puedo, ni debo afirmar que no, dejando
en el aire la interrogante y a criterio del lector la respuesta.
Abg. MsC. Mayela C. Pérez Supelano
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